• martes , 21 agosto 2018

Tortura y malos tratos prácticas impropias de un Estado de Derecho: SCJN

Durante la presentación del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, destacó que, desde hace 20 años, organismos de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro país.

JUAN-SILVA-MEZA

La tortura y los malos tratos son prácticas impropias de un Estado de Derecho, afirmó el Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos.

Destacó el ministro que la ejecución de la tortura, supone violentar el derecho a la integridad personal, cuyo contenido se desprende, directamente, de la dignidad humana, que es fundamento de los derechos humanos.

“El derecho a la integridad personal conlleva la prohibición de infligir tortura y malos tratos a las personas, la cual es considerada en la actualidad como normas de ius cogens, es decir, como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario”, sostuvo el Ministro Presidente.

Juan Silva Meza emitió su mensaje ante los Ministros de la SCJN, Consejeros de la Judicatura Federal, Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de la Federación; y Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Miguel Sarre Iguíniz, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.

El Ministro recordó que, desde hace 20 años, diferentes organismos internacionales de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro país.

Destacó en el comunicado que en el campo de los derechos humanos en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurídico (Constitución, tratados y leyes federales y estatales) y, por el otro, la real, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica.

Sin duda alguna, el México legal tiene grandes avances en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestras normas, sin que ello suponga desconocer la existencia de pendientes legislativos, expuso.

Sin embargo, reconoció que “es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso: una realidad”.

La prohibición de la tortura, enfatizó, está reconocida en varios tratados internacionales ratificados por México, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En cumplimiento de esas obligaciones constitucionales y convencionales, precisó Silva Meza, la Suprema Corte elaboró este Protocolo, que propone orientaciones para la labor judicial en dos sentidos: para la investigación y sanción de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, y para la prevención de estas prácticas.

“Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades. Estoy seguro que es el interés de todos colaborar en este esfuerzo”, consideró.

El documento “no se limita a casos de tortura, comprende otros delitos o malos tratos relacionados (como encubrimiento, intimidación o cohecho) toda vez que el delito de tortura suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos que constituyen su campo de cultivo”, expresó Silva Meza.

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