• Lunes , 21 agosto 2017

PRI omite aplicar sus reglas anticorrupción

En la Asamblea de 2013 acordó crear un Consejo Nacional para la Ética Pública, así como mayor transparencia y rendición de cuentas


Asamblea-Nacional-PRI-2013

CIUDAD DE MÉXICO (Excélsior).- Con el voto unánime de su XXI Asamblea Nacional, el PRI aprobó en 2013 la creación de un Consejo Nacional para la Ética Pública, a fin de vigilar a todos los servidores públicos emanados de sus filas, pero a cuatro años de distancia, no concretó la integración de ese Consejo y, por el contrario, registra el peor escándalo de corrupción entre sus militantes.

En 2013, Javier Duarte era gobernador de Veracruz; Roberto Borge era gobernador de Quintana Roo; ambos están ahora presos, acusados por actos de corrupción, y César Duarte era el gobernador de Chihuahua, hoy es prófugo de la justicia, y durante todo ese tiempo, el PRI no integró este Consejo Nacional para la Ética Pública.

El Consejo Nacional de Ética Pública nació en medio de un contexto en que desde 2010 y hasta marzo del 2013 se conocían mediáticamente tres casos de actos de corrupción relacionados con priistas.

El de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del partido, quien endeudó a la entidad; el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien enfrenta una acusación de asociación con el crimen organizado y ya está preso en Italia, y el de Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, quien fue acusado por su sucesor, el perredista Arturo Núñez, de un robo a las finanzas estatales superior a los mil millones de pesos.

El Programa de Acción aprobado en marzo del 2013, contiene un capítulo denominado Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que fija la posición del PRI para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es ya una realidad, a cuatro años de distancia.

Pero en el punto 46, dice que “de manera complementaria a lo anterior, el PRI impulsará la creación de un Consejo Nacional para la Ética Pública, con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil, para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción”.

Excélsior hizo una búsqueda en la estructura nacional del PRI y no encontró absolutamente ninguna referencia al Consejo Nacional para la Ética Pública; ni sesiones, ni anuncios de su creación o alguna referencia sobre algún trabajo realizado por ella.

Convicción
Incluso, en agosto del 2014, es decir, 17 meses después de aprobar la creación de este Consejo Nacional, el PRI emitió el Código de Ética Partidaria, con cambios para refrendar su convicción de no tolerar los actos de corrupción entre sus militantes.

Ese Código no hace referencia alguna al Consejo Nacional para la Ética Pública y dispone que la Comisión de Justicia Partidaria y las Defensorías de los Derechos de los Militantes, serán las instancias encargadas de “conocer de las infracciones que se cometan al presente Código, respetando siempre la garantía de audiencia”.

El PRI, así, fue omiso en aplicar sus propias reglas para evitar que sus militantes estén involucrados en actos de corrupción y ahora, cuatro años después, en su XXII Asamblea Nacional, que se realizará el próximo fin de semana, existe un clamor de todas sus bases militantes para frenar los actos de corrupción de sus militantes; de hecho, es una posición unánime de las Asambleas municipales y estatales de las propuestas emanadas de los tres sectores del partido y de los organismos que forman parte de su estructura.

Una de esas posiciones unánimes expresadas por las Asambleas Estatales es que se cree un sistema de denuncias para que se evidencie a los militantes que incurren en actos de corrupción; que se incentive con reconocimientos las buenas prácticas de gobierno y se llame a cuentas a quienes incurra en irregularidades en el desarrollo de sus funciones; de hecho, piden crear organismos internos que se encarguen de vigilar el comportamiento público de los priistas, porque existe un convencimiento de que no es posible que el partido tolere los actos de corrupción.

Predictamen
Cuando hace cuatro años, el PRI decidió incluir en su Programa de Acción este Consejo Nacional de Ética Pública, la Mesa Nacional de Estrategias y Programas de la XXI Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad un predictamen para facultar a sus órganos de gobierno a “vigilar y evaluar” a gobernantes, legisladores, alcaldes y todo tipo de servidor público emanado de sus filas, para que no incurran en delitos o abusos, desarrollen bien sus tareas y honren las siglas del partido.

Además, sus órganos de gobierno iban a tener atribuciones para “emitir recomendaciones sobre el correcto desempeño de actos de gobierno, por parte de los militantes del partido”.

Los priistas aprobaron transformarse en un instituto político que “encauce la inconformidad social en caso de abusos de servidores públicos, para activar los mecanismos de ajuste o sanción de los poderes públicos”.

Pero nada de esos planes se hicieron realidad.

ÉTICA PARTIDARIA

El PRI sí cuenta con un Código de Ética Partidaria dado a conocer en 2014, entre el que destacan los siguientes puntos a ser acatados por sus militantes:

Honestidad. Actuar con rectitud y probidad, procurando satisfacer los intereses de la República y el partido y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.

Veracidad. El militante debe ser cierto y claro en sus manifestaciones al momento de rendir informe sobre sus obligaciones partidarias o como servidor público, con el objeto de contribuir a la credibilidad y transparencia del partido.

Todo militante priista debe asumir cabalmente las normas de la más acendrada moralidad pública.
Los militantes deberán abstenerse de emplear, por cualquier medio, recursos físicos, financieros o humanos provenientes del patrimonio estatal en sus distintos niveles, así como recibir apoyos financieros de personas con patrimonio de dudosa procedencia.

El incumplimiento de los principios señalados en los artículos anteriores, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de hacer valer sus derechos partidistas conforme a las normas internas del Revolucionario Institucional.

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