Organizaciones de la sociedad civil logran proteger los derechos niñas, niños y adolescentes en el estado de Aguascalientes.
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Ciudad de México, 21 de septiembre de 2020.- A finales de enero de este año comenzaron a presentarse iniciativas para reformar leyes de educación en las entidades federativas de México cuyo objetivo es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, y recabar su autorización explícita para que sus hijas e hijos menores de edad participen en dichas actividades. Esto es conocido como PIN parental, un candado que se otorga a madres, padres y tutores para impedir el acceso de sus hijas e hijos a este tipo de contenidos, lo que sin duda viola los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En 19 entidades de México se está hablando de una iniciativa sobre el PIN parental: En Aguascalientes se aprobó y se publicó en el Periódico Oficial; en Baja California, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Veracruz existen iniciativas formalmente presentadas; en Coahuila, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Morelos los grupos antiderechos están presionando para que la iniciativa sea presentada, aunque oficialmente aún no existe ninguna; y en Guanajuato existe una iniciativa formalmente presentada que no hace mención a la figura del PIN parental, pero que propone incluir una educación con “perspectiva de familia”, frecuentemente referida en medios y por otras organizaciones como equivalente al PIN parental.
En la nueva Ley de Educación de Aguascalientes se privilegió la participación de las madres y los padres de familia en el Sistema Educativo Estatal y se estableció también la obligación de las autoridades educativas de informarles previamente sobre el contenido de programas, cursos, talleres y cualquier actividad análoga que verse sobre moralidad, sexualidad y valores, concediéndoles la facultad de consentir o no la asistencia de los menores a dichas actividades.
El 3 de agosto de este año, organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo contra el PIN parental en ese estado porque representa una serie de problemas y violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes:
Afecta el ejercicio de su derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión al restringir o limitar su acceso a la información.
Contraviene el interés superior de la niñez al permitir que las madres y los padres de familia determinen el contenido y las características de la educación con base en sus convicciones personales.
Vulnera el propósito de las escuelas de construir un espacio seguro para que niñas y niños hablen de todos los temas y obtengan herramientas para tomar decisiones sobre su vida, acceder a servicios a los que tienen derecho, reconocer violaciones a sus derechos, desarrollarse de manera libre y plena, y respetar la diversidad entre sus compañeros, entre otros.
El 1 de septiembre un juez federal ordenó la suspensión definitiva del PIN parental –medida para evitar que una norma o acto genere daño durante el desarrollo de un juicio– porque puede violar el derecho a la educación y no discriminación. Esta suspensión obliga a las autoridades educativas a abstenerse de informar a madres, padres y tutores las fechas en las que se darán contenidos y actividades que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, así como de obtener su consentimiento.
Gracias a la labor de Coletivo SerGay, Morras Help Morras, REDIM, TerFU y GIRE se logró proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Aguascalientes, mientras se resuelve el juicio.
