La renuncia más reciente se presentó el 30 de septiembre, confirmó Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Anticorrupción del Senado.
Ciudad de México (Forbes).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido 21 denuncias para que se investigue las presuntas irregularidades sobre el patrimonio inmobiliario de Manuel Batlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La renuncia más reciente se presentó el 30 de septiembre, confirmó Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Anticorrupción del Senado como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sandoval aseguró que la dependencia a su cargo está siendo muy cuidadosa con el proceso de investigación pero en todo caso será muy transparente, luego de que fue cuestionada por la senadora Xóchitl Gálvez respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo por las supuestas omisiones de Bartlett para transparentar sus propiedades, ingresos y la de su concubina, Julia Abdala.
Gálvez señaló que fue la propia SFP a cargo de Sandoval la dependencia encargada en renovar los formatos de declaraciones patrimoniales con el objetivo de reforzar la transparencia del patrimonio de los servidores públicos, sin embargo, estas medidas parecen no estar aplicándose con los funcionarios integrados en la “Cuarta Transformación”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el director general de CFE, Manuel Bartlett.
En agosto de este año, un periódico de circulación nacional informó que Bartlett Díaz tiene una fortuna de 51 millones de pesos (mdp) e ingresos anuales por 11 mdp, aunque en realidad, su fortuna es 16 veces más grande, eso gracias a una red de familiares, empresas y presuntos presta nombres.
Durante su presentación Sandoval aseguró que la dependencia a su cargo no ha y un pacto de impunidad ni se investiga por consigna política a nadie.
Detalló que desde que inició su cargó como secretaria de Función Público se han sancionado a 2,791 a servidores públicos, 874 ordenes de inhabilitación y multas por 4,494 millones de pesos por el delito de corrupción.
