Mientras el Gobierno de Yucatán sostiene que las 79 hectáreas fueron expropiadas e indemnizadas legalmente en 2004, los ejidatarios aseguran que el conflicto va más allá de un pago pendiente y reclaman la restitución de tierras, rentas y la revisión del decreto.Mérida,

Mérida. Yucatán a 03 de noviembre de 2026 (InformaTe Yucatán).- El conflicto por los terrenos donde se realiza la Feria Yucatán Xmatkuil subió de tono. El Gobierno del Estado y los ejidatarios de Dzununcán intercambiaron posturas luego del bloqueo del acceso al recinto ferial, en medio de una disputa agraria que lleva más de 22 años.

La administración estatal rechazó el cierre de la entrada y sostuvo que, aunque respeta el derecho a manifestarse, no permitirá que se impida el libre tránsito de las familias que acuden a la feria.

De acuerdo con el Gobierno, el problema se encuentra en manos del Tribunal Unitario Agrario, dentro del expediente 1254/2023, promovido por el propio comisariado ejidal en 2023. Aseguró que, mientras no exista una resolución sobre quién tiene los derechos legítimos de la tierra, no puede realizarse ningún pago.

La autoridad recordó que el 22 de enero de 2004 se expropiaron 79 hectáreas por causa de utilidad pública para ampliar las instalaciones de Xmatkuil. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de ese año y, según su versión, se fijó una indemnización de 3 millones 399 mil 134 pesos, de la cual existen recibos de pago al comisariado ejidal de entonces.

Por ello, el Gobierno considera que la indemnización ya fue cubierta y que cualquier nuevo desembolso, antes de que se resuelva la titularidad de los terrenos, podría poner en riesgo los recursos públicos y los derechos de terceros.

También aseguró que en los últimos dos años ha sostenido más de 10 reuniones con representantes del ejido, incluida una mediación el pasado 12 de octubre. Reiteró que mantendrá abierta la mesa de diálogo y acatará lo que determine el Tribunal Agrario.

Pero los ejidatarios rechazan que su demanda se reduzca a cobrar nuevamente una indemnización.

En su respuesta, el núcleo agrario sostuvo que la controversia gira alrededor de la legalidad de la expropiación, la situación original de la parcela 282 y el derecho a recuperar los terrenos que considera de su propiedad.

Explicaron que el 3 de agosto de 2003, mediante el programa PROCEDE, se delimitó una parcela de aproximadamente 82 hectáreas que quedó sin asignación individual. Sin embargo, meses después, el decreto expropiatorio de 2004 identificó como tierras de uso común una superficie de 79 hectáreas.

Para los ejidatarios, esta diferencia en la situación agraria es uno de los puntos que deberá resolver el tribunal.

Otro aspecto que cuestionaron son las cifras de la indemnización. Señalaron que, mientras el Gobierno habla de 3 millones 399 mil 134 pesos, dentro del juicio el propio Estado habría solicitado que se reconociera un pago de 3 millones 964 mil 560 pesos, presuntamente realizado el 13 de febrero de 2004.

La diferencia es de 565 mil 426 pesos, por lo que exigieron que se aclare de dónde provienen ambos montos y si el procedimiento de pago cumplió con todos los requisitos legales.

Los representantes ejidales insistieron en que en el juicio 1254/2023 reclaman la restitución de la parcela 282, el pago de rentas por el tiempo que ha sido ocupada y la revisión de la legalidad del decreto expropiatorio.

También cuestionaron que el Gobierno argumente la existencia de derechos de terceros sobre la parcela. Según su posicionamiento, en 2015 fue asignada a José Benito Bacab Fuentes, quien posteriormente transmitió sus derechos a Miguel Alberto Oy López. Esa asignación, afirmaron, fue impugnada judicialmente por alrededor de 100 personas.

Los ejidatarios añadieron que el juicio ya cuenta con una inspección judicial y participación de peritos de ambas partes, quienes revisaron la superficie ocupada por las instalaciones de la feria.

Aunque reconocieron que las manifestaciones deben respetar los derechos de terceros, aseguraron que no buscan perjudicar a las familias ni a los visitantes de Xmatkuil, sino conseguir una solución a una disputa que, consideran, no ha sido resuelta.

Así, mientras el Gobierno sostiene que la expropiación se realizó conforme a derecho y que la indemnización ya se pagó, los ejidatarios aseguran que existen elementos para cuestionar el procedimiento y reclamar la restitución de las tierras.

La última palabra la tendrá el Tribunal Agrario, donde ambas partes deberán acreditar sus argumentos. Mientras tanto, el conflicto mantiene en el centro de la discusión los terrenos que ocupa uno de los principales recintos de entretenimiento de Yucatán.