La diputada de Movimiento Ciudadano Larissa Acosta afirmó que regular la renta no busca afectar a quienes ofrecen una propiedad, sino garantizar condiciones justas y una ciudad que crezca sin desplazar a su población.
Mérida, Yucatán, 4 de febrero de 2026.– Ante el encarecimiento de la vivienda en Yucatán, cada vez más jóvenes y familias optan por la renta como única alternativa para acceder a un hogar. Sin embargo, esta opción también se ha vuelto menos accesible debido al incremento constante en los precios de arrendamiento.
En este contexto, la diputada ciudadana Larissa Acosta Escalante presentó una propuesta para regular los aumentos en el costo de la renta y garantizar el derecho a una vivienda digna en Yucatán, con énfasis en las juventudes y sectores con ingresos limitados.
La legisladora señaló que la renta no solo implica contratos o cláusulas legales, sino condiciones mínimas de dignidad humana. Indicó que contar con una vivienda es indispensable para ejercer otros derechos como el acceso al trabajo, la educación y la salud.
Acosta Escalante explicó que el crecimiento económico y la seguridad que distinguen a Yucatán también han provocado un aumento desproporcionado en los precios de renta. Estos costos ya no corresponden con la realidad salarial de la mayoría de la población.
Detalló que una persona puede destinar entre el 30 y el 50 por ciento de sus ingresos mensuales únicamente al pago de la renta, lo que reduce su capacidad para cubrir otras necesidades básicas.
La crisis impacta con mayor fuerza a las juventudes que buscan independizarse. Muchas enfrentan rentas elevadas, espacios más pequeños, ubicaciones alejadas y aumentos anuales que superan lo establecido en los contratos.
Aunque los incrementos suelen fijarse entre el 6 y el 9 por ciento, en la práctica llegan hasta el 20 o 25 por ciento, lo que obliga a las personas arrendatarias a aceptar condiciones desfavorables o perder su vivienda.
La propuesta legislativa establece que los aumentos anuales en la renta no superen la inflación y se ajusten al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, con el objetivo de equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios.
También contempla la creación de la Ventanilla de Defensa del Arrendatario, un mecanismo gratuito para recibir quejas, conciliar conflictos, imponer sanciones y ordenar devoluciones ante prácticas abusivas como cobros excesivos de depósitos o requisitos desproporcionados.
Larissa Acosta afirmó que regular la renta no busca afectar a quienes ofrecen una propiedad, sino garantizar condiciones justas y una ciudad que crezca sin desplazar a su población. Añadió que la vivienda debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un derecho protegido en Yucatán.
