La comunidad maya busca algo básico: un órgano que la defienda de injusticias, exclusión y del uso indebido de espacios políticos que les corresponden por derecho.
Mérida, Yucatán a 5 de mayo de 2026 (InformaTe Yucatán).- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) mantiene en la indefensión a la comunidad maya al negarse, en los hechos, a instalar la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, un órgano clave para garantizar justicia y equidad en los procesos electorales.
Aunque el Congreso del estado ordenó desde 2023 la creación de esta Defensoría mediante el Decreto 655/2023, el IEPAC no ha cumplido. Tampoco ha contratado personal ni habilitado espacios para su operación, lo que evidencia una omisión que afecta directamente a los pueblos originarios.
La situación llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el pasado 15 de abril de 2026 resolvió el expediente SUP-JDC-124/2026. Los magistrados revocaron una resolución local y confirmaron una obligación clara: el IEPAC debe instalar y poner en funcionamiento real la Defensoría antes del próximo proceso electoral.
La comunidad maya y otros grupos vulnerables impulsaron este juicio tras constatar que el instituto electoral simuló cumplimiento con acuerdos administrativos sin efectos reales. A pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán había ordenado la instalación del órgano, después dio por cumplida la sentencia sin que existiera la Defensoría.
La Sala Superior corrigió ese criterio. Señaló que declarar cumplimiento sin resultados concretos viola el derecho a la tutela judicial efectiva y deja en estado de indefensión a los sectores históricamente discriminados.
Los promoventes denuncian que esta omisión no es menor. Acusan que el IEPAC perpetúa prácticas que permiten el uso indebido de candidaturas destinadas a pueblos indígenas, sin que exista una instancia que defienda sus derechos político-electorales.
“La Defensoría no es un trámite, es una herramienta para evitar abusos y garantizar que las candidaturas indígenas no se utilicen de manera simulada”, señaló Juan Baas Tec, representante de los actores promoventes de las 21 denuncias contra el órgano electoral.
Además, advirtieron que no aceptarán simulaciones ni acuerdos con organizaciones ajenas a esta lucha. Exigen formar parte de un comité de vigilancia que supervise la implementación real del órgano, petición que el instituto ha ignorado.
La sentencia federal también establece que la falta de presupuesto no justifica el incumplimiento. El IEPAC debe gestionar recursos, coordinarse con otras instituciones y garantizar asesoría jurídica gratuita mientras la Defensoría no opere.
Hoy, la exigencia es directa: instalación inmediata, funcionamiento real y cero simulación. La comunidad maya busca algo básico: un órgano que la defienda de injusticias, exclusión y del uso indebido de espacios políticos que les corresponden por derecho.
