Vecinos de La Guadalupana y Plan de Ayala Sur, junto con ejidatarios de San Antonio Xluch y Nocó, acusaron al INSUS de retrasar el proceso de regularización y exigieron avances reales.
Mérida, Yucatán a 19 de junio de 2026 (Redacción).- Cansados de esperar respuestas y de enfrentar retrasos que parecen no tener fin, vecinos de las colonias La Guadalupana y Plan de Ayala Sur, junto con integrantes del Ejido San Antonio Xluch y Nocó, exigieron al Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) dejar de poner obstáculos al proceso de regularización de sus viviendas.
Los afectados denunciaron que más de mil 300 familias del sur de Mérida permanecen en la incertidumbre jurídica debido a que el procedimiento para obtener los títulos de propiedad de sus hogares se encuentra prácticamente estancado.
Durante una rueda de prensa, explicaron que estas colonias se establecieron hace años sobre aproximadamente 74 hectáreas de tierras de uso común pertenecientes al ejido, por lo que la regularización es indispensable para brindar certeza legal a quienes habitan la zona.
Sin embargo, el problema se remonta a un presunto fraude cometido por Rafael Chan Castañeda, exfuncionario de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), hoy INSUS, quien ofreció sus servicios particulares para gestionar la regularización de los terrenos.
Según los denunciantes, el exservidor público aseguró contar con información privilegiada para concretar el procedimiento y cobró más de cinco millones de pesos por los trabajos. No obstante, debido a errores técnicos y jurídicos, la documentación no pudo ser inscrita ante el Registro Agrario Nacional.
Los afectados señalaron que presentaron denuncias ante la Fiscalía General Anticorrupción, aunque aseguran que el exfuncionario nunca fue sancionado, por lo que sospechan que recibió protección desde el interior de la dependencia.
Tras ese episodio, ejidatarios y colonos buscaron nuevamente el apoyo del INSUS para incorporarse al Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), impulsado por el Gobierno Federal. Para ello realizaron diversos trámites, incluyendo una asamblea ejidal celebrada en mayo de 2025 en la que se autorizó avanzar con el procedimiento.
No obstante, denunciaron que a más de un año de iniciadas las gestiones, la dependencia federal no ha realizado los trabajos técnicos ni las mediciones topográficas necesarias para avanzar en el proceso expropiatorio y la posterior regularización de los predios.
Los inconformes señalaron directamente al jefe regional del INSUS, Julio Alfonso Ortegón Espadas, de retrasar el procedimiento y no proporcionar información clara sobre el estado real del expediente.
Incluso, afirmaron que el funcionario les aseguró que el trámite estaba detenido por supuestos problemas relacionados con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida. Sin embargo, tras solicitar información al Ayuntamiento, recibieron una respuesta oficial en la que se indica que la actualización correspondiente sigue vigente y que no existe impedimento para continuar con la regularización.
Por ello, los vecinos consideran que se les ha proporcionado información contradictoria y que las autoridades federales continúan postergando una solución que miles de familias esperan desde hace años.
Entre sus principales demandas destacan el inicio inmediato de los trabajos técnicos de medición, avances concretos en el procedimiento expropiatorio, acceso a la documentación que acredite el estado del expediente y una copia del supuesto procedimiento sancionador iniciado contra Rafael Chan Castañeda.
“Lo único que buscamos es certeza jurídica, que podamos obtener los títulos de propiedad de nuestros hogares y garantizar el patrimonio de nuestras familias”, expresaron los representantes de los colonos y ejidatarios.
