La legisladora morenista es una de las principales críticas del Ayuntamiento panista, lo que ha abierto una afrenta directa en la que han recurrido varios empleados municipales para defender no solo al gobierno de Mérida, sino a la Presidenta Municipal que busca su reelección en el 2027.
Mérida, Yucatán a 2 de julio de 2026 (Redacción).- Un comentario ofensivo en redes sociales terminó por costarle el empleo a un trabajador del Ayuntamiento de Mérida.
Carlos Canché, quien laboraba en la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, fue dado de baja luego de llamar “perra” a la diputada local de Morena, Clara Rosales Montiel, en una publicación difundida en redes sociales.
El ahora exservidor público, conocido en plataformas digitales como “Karlos Joke”, comentó una publicación de la legisladora con el insulto. Horas después eliminó el mensaje y publicó una disculpa pública, reconociendo que su expresión había sido inapropiada.
La diputada aceptó la disculpa, aunque dejó claro que el problema va más allá de un comentario aislado.
“Acepto que cuestionen mi trabajo. Lo que nunca aceptaré es que me degraden por ser mujer”, expresó Rosales Montiel al señalar que quienes participan en la vida pública están expuestos a la crítica, pero no a expresiones de violencia de género.
Como parte de su respuesta, la legisladora presentó un oficio ante la Contraloría Municipal para solicitar que se fortalezcan las capacitaciones dirigidas al personal del Ayuntamiento en materia de igualdad de género, derechos humanos y prevención de las violencias contra mujeres y niñas.
Rosales insistió en que su intención nunca fue buscar un castigo para el trabajador.
“No busco confrontar ni mucho menos medidas punitivas hacia este trabajador, pero sí es importante dejar un antecedente y prevenir violencias. No podemos seguir normalizando el lenguaje misógino ni las agresiones en redes sociales como si fueran comentarios sin importancia, porque la violencia digital también es violencia”, afirmó.
Sin embargo, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada confirmó que el contrato de Carlos Canché no sería renovado, por lo que dejó de formar parte de la administración municipal.
El exfuncionario colaboraba en la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, encabezada por Arturo León Itzá, uno de los funcionarios cercanos a la presidenta municipal.
El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el uso de las redes sociales y los límites entre la libertad de expresión y la violencia digital contra las mujeres. Pero ahí no acabó todo, tras la denuncia de la morenista, comenzó una ola de difusión de mensajes a través de páginas creadas exprofeso contra la 4T.
