Comunidades de Santa María Chí e Ixil denunciaron presunta criminalización por la defensa del territorio y el medio ambiente.
Mérida, Yucatán.- Integrantes de las comunidades de Santa María Chí e Ixil denunciaron lo que consideran una estrategia de criminalización en su contra por la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, al tiempo que anunciaron nuevas acciones legales y una marcha programada para el próximo 9 de agosto.
En conferencia de prensa, el comisario municipal de Santa María Chí, Wilberth Nahuat Puc, informó que la empresa porcícola San Gerardo, relacionada con el grupo Kekén, impugnó la resolución judicial que había determinado el sobreseimiento del proceso iniciado en su contra.
El representante comunitario también cuestionó que la propia empresa participe en la evaluación de los daños ambientales ocasionados por la granja clausurada en esa comunidad, al considerar que existe un conflicto de interés y que el dictamen debería ser elaborado por una instancia independiente.
Por otra parte, representantes del Consejo Comunitario de Ixil rechazaron las acusaciones de despojo derivadas del conflicto por tierras comunales y aseguraron que han trabajado esos terrenos por generaciones. Asimismo, criticaron el actuar de autoridades judiciales y de la Fiscalía, al considerar que se han ignorado pruebas y testimonios presentados por la comunidad.
Los representantes anunciaron que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra la jueza que conoce el caso, al señalar presuntas irregularidades durante el proceso.
Durante la conferencia también se cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación, al considerar que han difundido información que, a juicio de la comunidad, contribuye a estigmatizar a los defensores del territorio.
En el encuentro participó también Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa A.C., quien informó que apelará las medidas cautelares que le fueron impuestas dentro del mismo proceso penal y sostuvo que el caso representa un ejemplo del uso del sistema de justicia para inhibir la defensa de derechos colectivos y ambientales.
Además, integrantes de Ixil destacaron una resolución judicial relacionada con una denuncia ambiental contra un desarrollo inmobiliario, al señalar que un juez federal ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitir un nuevo resolutivo y permitir a los denunciantes el acceso al expediente correspondiente, lo que consideraron un precedente relevante en materia de transparencia ambiental.
Finalmente, las comunidades convocaron a una marcha el próximo 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La movilización partirá a las 10:00 de la mañana desde el Remate de Paseo de Montejo, con el objetivo de visibilizar sus demandas en defensa del territorio y en contra de la criminalización de quienes participan en estas causas.
Los participantes también anunciaron un taller informativo sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dirigido principalmente a comunidades mayas, previo al proceso nacional de consulta sobre esa legislación.
