Se impone la mayoría panista en el Congreso del Estado y aprueban una cascada de impuestos y derechos, así como la venta de bienes estatales a particulares.
Mérida, Yucatán a 8 de Diciembre de 2021 (InformaTe Yucatán).- Sin sorpresas, el Partido Acción Nacional (PAN), utilizó su fuerza mayoritaria en el Congreso para aprobar con apoyo del Partido Nueva Alianza (PANAL) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Presupuesto 2022 del Estado de Yucatán.
Pese a los reiterados llamados de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano de hacer modificaciones a los planteamientos contenidas en la Ley General de Hacienda, Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Código Fiscal del Estado, Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, como el cobro de nuevos impuestos, dos de ellos ‘ecológicos’, reemplacamiento y actualizaciones en los montos de derechos que se cobrarán el próximo año, no obstante, el PAN se impuso y dejó caer la “aplanadora azul” a la oposición.
Durante más de cuatro horas de discusión, los diputados del blanquiazul, Jesús Pérez, Erick Rihani, Manuela Cocom, Luis Vidal, Abril Ferreyro y Carmita González, intentaron justificar las leyes de ingresos y de egresos del estado asegurando que “privilegian la reactivación económica, la salud, educación, seguridad y la protección social”.
Mientras que, para los diputados de oposición las iniciativas enviadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, son un golpe al bolsillo de los yucatecos que aún no se recupera de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, aunado a que presenta inconsistencias desde su planteamiento, desde la exposición de motivos y en los anexos, así como claroscuros en la venta de bienes que se desajenarán (como los terrenos de la exnormal Rodolfo Menéndez de la Peña y predios del ISSTEY).
“Están ustedes utilizando su posición -de mayoría- para desincorporar de la hacienda pública lo que es apetitoso para la iniciativa privada, los predios y las propiedades que son apetitosas para la iniciativa privada por los nuevos desarrollos que se están haciendo, aparte de lo que está construyendo el gobierno federal y que el gobierno estatal no tiene ninguna política de acompañamiento”, denunció el diputado local de Morena Rafael Echazarreta.
“No hay mal que dure mil años, ni pueblo que los resista, prepárense para entregar”, advirtió el legislador de la 4T en referencia al 2024.
Durante toda la sesión, los morenistas desplegaron letreros y mantas de rechazo al reemplacamiento y el cobro de nuevas cargas impositivas, incluso, dedicaron tres minutos de silencio al mayoriteo panista desde comisiones y en el Pleno. Por cierto, en una de sus intervenciones en la Máxima Tribuna, la diputada Jazmín Villanueva Moo alzó un letrero que generó una serie de burlas de la oposición y presentes debido a que estaba de cabeza.
El perredista Eduardo Sobrino Sierra intentó convencer a los legisladores del PAN a que rectifiquen y echen para atrás los cobros, porque más de 800 mil yucatecos viven en condiciones de pobreza y muchos de ellos con $2,700 al mes para mantener a sus familias.
Sostuvo, que eliminar el emplacamiento para el año próximo, significaría reducir únicamente 372 millones de pesos. De tal forma, que no afectaría a las finanzas del estado el no aprobar estos aumentos de tarifas y de nuevos impuestos y sí contribuiría con la economía de los yucatecos.
“Si no nos hubiera golpeado la pandemia del Covid, quizá hubiera más crecimiento económico y bienestar que el que hoy tenemos; y es claro, que la crisis provocada por la pandemia no es culpa ni al gobierno federal ni al estatal, es una crisis mundial; yo diría que incluso los mexicanos y los yucatecos y los gobiernos federal, estatales y municipales; todos somos víctima de esta pandemia”.
También les pidió no colgarse la medalla de que Yucatán es un estado seguro gracias al Gobierno panista, si bien reconoció que la entidad es segura, no es de ahora, sino de décadas atrás y resutado de la cultura de la sociedad yucateca.
Por su parte, la diputada de MC, Vida Gómez Herrera, señaló que “Saltan a la vista diversas irregularidades en el Proyecto de Ley de Ingresos dictaminado por la Comisión de Presupuesto, específicamente en la recaudación por Productos derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado, podemos ver que el Gobierno del Estado planea recaudar 258.9 millones de pesos durante el próximo año, cuando en 2021 únicamente se estimaron 18 millones de pesos y en 2020 en este mismo rubro únicamente se consideró recaudar 2 millones de pesos. Es decir, que de 2020 al 2022, están proyectando un incremento enorme por la VENTA de bienes del Estado”.
En la comparecencia de las autoridades, dijo, no explicaron cuáles serían los bienes de dominio público que pretenden enajenar, ¿Cómo entonces calcularon el presupuesto de ingresos que tendría? Es decir, ¿Qué predios, terrenos o propiedades del gobierno pretenden vender el próximo año para obtener 258.9 millones de pesos?
Recordó que para que el Gobierno pueda vender cualquier bien de dominio público del Estado, necesita la autorización del este Congreso.
Pese a todos los argumentos, la mayoría panista aprobó el paquete fiscal.
El diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra señaló que la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en materia de avalúos es un riesgo para el ejercicio de los valuadores.
“Vemos riesgo de manipulación y de control que atenta contra la libertad de ejercicio de la profesión, ya que esto obligará al gremio de valuadores a someterse a una autoridad estatal, la cuál tendrá facultades fiscalizadoras y de decisión respecto a su labor”, apuntó.
Hay aspectos que limitan el libre ejercicio de la profesión de valuador, generando desde los motivos que se exponen, una especulación, discriminación y estereotipo a este sector, respecto de la posibilidad que en el ejercicio de su encomienda, realicen actos que contravengan la Ley.
Por cierto, esta ley fue desechada en el paquete fiscal del 2021 cuando el PRI aún tenía mayoría en el Poder Legislativo y hoy fue aprobado sin dificultad a favor de presuntos intereses particulares.
