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  • Viernes , 17 mayo 2024

Denuncian a Kekén

Consejo Maya anuncia defensa de derechos del pueblo maya amenazado por megagranjas porcícolas


El Consejo Maya del Poniente Chik’in Ja’, presentó una denuncia contra la empresa Kekén, por hechos, acciones y omisiones que han producido deforestación, desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de contravenir las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

En conferencia de prensa, los pobladores de Kinchil informaron que la denuncia popular por la contaminación al manto acuífero que representa la empresa porcícola Kekén,  fue presentada ante la la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ambas del gobierno federal, así como ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán;  tiene el objetivo de defender el medio ambiente, el territorio y los derechos como pueblo maya.

En la denuncia de hechos, pobladores de Kinchil establecen que desde el inicio de operaciones de Kekén notaron reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel y que, recientemente, ante extravío de ganado, recorrieron el área y encontraron pantanos de aguas negras que atribuyen a la empresa Kekén.

En esa misma relación de hechos se explica que esa empresa porcícola, junto con grupo Kúo, iniciaron operaciones en 2010. Kekén le ofrecía en ese entonces a la población empleo y “superación económica” y una mejor calidad de vida, pero iniciaron también un proceso de despojo de tierras e incluso hay litigios agrarios que no han concluido.

Ahora la empresa porcícola pretende crecer en nuestro territorio y aumentar sus naves de producción de cerdos.

“Ni al inicio de sus operaciones ni ahora obtuvieron el consentimiento del Pueblo Maya de esta región para realizar actividades de tan fuerte impacto en una zona con un ecosistema tan frágil y sensible, cercano a la costa, con cenotes, humedales y diversidad en riesgo”, expusieron.

Somos los pueblos mayas quienes tenemos que estar facultados para cuidar nuestro territorio o autorizar cualquier actividad que se pretenda desarrollar en ellos. Lamentablemente hemos constatado que a inversionistas de fuera y a muchas autoridades “nacionales” poco les importa el agua, la vida, la tierra y el medioambiente. Mucho menos nuestros derechos como pueblo, reclamaron.

“Nosotros, como pueblo maya, nos preguntamos qué agua van a tomar nuestras familias, qué agua van a tomar nuestros hijos, pero también qué agua va a tomar el venado, qué agua van a tomar los pájaros. A los inversionistas no les importa. Pretenden extraer, sacar, enriquecerse y no les importa si en el proceso se generan daños y contaminación”.

Al anunciar la presentación de esta denuncia popular anunciamos también el inicio de todas las acciones necesarias para hacer valer nuestros derechos como pueblo maya, para defender nuestro territorio y para cuidar el agua y el medioambiente ante la ambición y el despojo.

“Nos hemos propuesto obtener toda la información disponible acerca de cómo se obtuvieron los permisos y cuál es la situación actual de contaminación. Vamos a tomar la defensa y el cuidado de la vida y de nuestro territorio en nuestras manos como pueblo maya”.

Reclamamos la atención de la denuncia popular para investigar y detener la contaminación y anunciamos el inicio de la organización entre pueblos del poniente y otros que quieran unirse para que seamos tomados en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo ya que en los territorios de la zona poniente se están promoviendo actividades humanas y productivas que no corresponden al contexto local de las comunidades mayas, porque la entrada de megaproyectos ha promovido la vulnerabilidad y la creación de nuevos riesgos y de verdaderos desastres en materia ambiental, provocando daños y efectos adversos en nuestras comunidades. Hacemos una invitación a quienes quieran sumarse a esta organización entre pueblos mayas para defender la vida.

Al igual que en el caso de Homún, la organización civil Indignación, ha tomado la representaron legal de los pobladores de Kinchil y municipios aledaños.

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