“Una persona no puede ser detenida si no ha cometido un delito”, reiteró Edith Olivares, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.
Mérida, Yucatán a 12 de agosto de 2021 (InformaTe Yucatán).- Yucatán figura en la ruta de las detenciones arbitrarias cometidas en el país y documentadas por Amnistía Internacional’ desde hace cuatro años a través de “Falsas sospechas” y una vez más, un caso de brutalidad policiaca es tema publico.
Edith Olivares Ferreto , Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional relató que hace cuatro años publicaron el informe “Falsas Sospechas” donde se documentaron detenciones arbitrarias, una de ellas cometidas en Yucatán.
En entrevista con Gabriela Warketin y Javier Risco para Así las Cosas, Olivares sostuvo que las detenciones policiales “los arrestos de personas que presuntamente están cometiendo un delito, en realidad no son una respuesta para enfrentar los delitos que se cometen en el país, sino que son utilizadas por las autoridades estatales y municipales de forma ilegal principalmente contra personas que históricamente presentan condiciones de pobreza y discriminación”.
Es preocupante dijo, que estas detenciones ilegales afectan a gente joven en condición de pobreza, personas racializadas y que son detenidas por su presunta orientación sexual, que parece ser el caso de José Eduardo.
“Es muy lamentable que cuatro años después estemos viendo los mismos patrones en el mismo Estado”.
Amnistía Internacional ha exhortado al Gobierno de Yucatán a establecer verdaderas garantías de no repetición, no puede ser que en este país un persona que salga a la calle y otra persona que diga que está cometiendo un delito sea inmediatamente detenida y luego sometida a una serie de tratos que pueden terminar incluso en la muerte.
Hace cuatro años, Amnistía Internacional documentó el caso de José Adrián, un niño maya de X-can, Chemax en ese entonces de 14 años, con discapacidad auditiva que fue detenido cuando salió de la escuela secundaria por presuntamente apedrear una patrulla. Los hechos ocurrieron hace cinco años, el 25 de febrero de 2016.
Esta es la historia documentada:
José Adrián, un niño maya de 14 años, quien tiene una discapacidad que le impide escuchar adecuadamente, salió de la escuela secundaria y caminó de regreso a casa el 25 de febrero de 2016 en X‑Can, su pequeña comunidad en la parte más oriental del estado de Yucatán. Ese día hubo una riña entre algunos jóvenes y un auto patrulla resultó apedreado.
El hermano de José Adrián se dio cuenta de lo que había ocurrido y fue a buscarlo para asegurarse de que regresara a salvo a casa, pero José Adrián ya había sido arrestado por policías municipales, que lo detuvieron en la calle, acusándolo de haber dañado la patrulla, pese a que él no estaba allí cuando sucedieron los hechos. José Adrián fue el único detenido.
Cuando los policías lo arrestaron, no le explicaron qué estaba pasando ni por qué lo detenían, tampoco llamaron inmediatamente a su familia. En cambio, lo golpearon, lo arrojaron contra la patrulla y le pisaron fuertemente el cuello; le quitaron los zapatos, la camisa y lo esposaron.
En esas condiciones fue subido a una patrulla y llevado a la cercana población de Chemax. Al llegar ahí, lo colgaron por las esposas en la parte alta de una pared y fue golpeado y amenazado para que se incriminara. Lo amenazaron diciéndole que pasaría muchos años allí.
José Adrián recordó: “Me tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”.
Él sufrió varias lesiones, sobre todo en el cuello, que tomaron días en sanar y la atención médica que le brindó el Estado fue deficiente.
Unas horas después llegaron los padres de José Adrián, quienes, para poder liberarlo, se vieron forzados a firmar un convenio ante un juez de paz, en él se comprometían a pagar 2500 pesos mexicanos (aproximadamente 138 dólares) por los daños ocasionados a la patrulla, además de una multa de 700 pesos (39 dólares).
Si los padres no pagaban el monto requerido, las autoridades amenazaban con encarcelar a José Adrián.
La familia pudo juntar el dinero de la multa y las autoridades acordaron que pagarían los supuestos daños en plazos.
La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado, pero hasta ahora no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado.
