Durante la pandemia creció la violencia intrafamiliar, el abuso y el embarazo infantil en Yucatán.
Mérida, Yuc. 8 de marzo de 2021 (InformaTe Yucatán).- “La pandemia del coronavirus ha visibilizado más que nunca una urgencia, pero también la violencia nos está matando”, afirmó la activista Nancy Walker Olvera en el marco del 8M, donde un grupo de mujeres alzaron la voz para demandar un mayor compromiso de los tres niveles de Gobierno sobre los reclamos de igualidad y justicia.
“Las mujeres seguimos en pie las mujeres y decidimos ponernos estos cascos en señal de que todavía necesitamos defendernos y protegernos de lo que sucede dentro de nuestras casas, tanto como afuera. Los cascos también representan que seguimos apostándole a una construcción a una sociedad equitativa, justa e igualitaria”, mencionó.
Desde la misma tribuna, Ligia Vera Gamboa, académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, leyó un documento firmado por 13 mujeres señalando la enorme resistencia e inercia que sigue la sociedad sobre los reclamos históricos de la lucha de las mujeres en favor de sus derechos.
Reconoció que se han logrado avances, pero también reticencia para transformar de fondo las condiciones de desigualdad que viven el sector femenino de la sociedad.
“Vivimos un proceso de transformación, construcción intersectorial entre gobierno y ciudadanía, entre mujeres y hombres, entre jóvenes y adultos. Por ello, la necesidad de construir puentes y generar políticas públicas y acciones que den cauce a las demandas”.
Señalaron el rezago que Yucatán tiene en el sistema de impartición de justicia y la certidumbre jurídica de las mujeres.” La falta de personal capacitado mantiene una Fiscalía lenta e incapaz, de cumplir con la protección de las mujeres de Mérida y los municipios”, sostuvo.
“La violencia contra las mujeres se incrementó durante la pandemia, destacó, siendo que, a la fecha no hay información sobre impacto y las consecuencias que esto implica para este sector de la sociedad, por lo que es preciso tener resultados de prevención, atención y sanción”, mencionó.
Expuso que el organismo civil Centro de Atención Externa APIS Sureste, atendió a mil 225 personas que solicitaron su intervención, además de 40 menores de edad por violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual y acoso cibernético.
En las modalidades de violencia se detectó violencia familiar, feminicida, comunitaria, institucional y laboral que se documentó. También que las mujeres y niñas con alguna discapacidad perdieron el acceso a los servicios de salud, dado las restricciones de movilidad.
EDUCACIÓN TRUNCADA
Explicó que por efectos de la pandemia y la falta de tecnología digital, decenas de niñas y mujeres perdieron continuidad en sus procesos educativos. En este tiempo se incrementó el abandono de ancianas y de mujeres atrapadas en situación de violencia domiciliaria, con poca o nula oportunidad de acceder a la justicia.
A raíz de la pandemia se agudizó el problema del empleo, aumentaron los índices de pobreza y marginación para las mujeres en Yucatán, eso obligó al incremento de estrés y deterioro de la salud mental, con resultado de 26 suicidios de mujeres, de acuerdo con cifras de la Secretaría Estatal de Salud (SSY).
En relación con la salud sexual y reproductiva, la pandemia incrementó el desabasto de métodos de planificación familiar, atención de usuarias, potenciando los embarazos no deseados, aumento de la violencia obstétrica, un alza notoria en violencia hacia niñas y adolescentes incluyendo tentativas de feminicidio.
De la misma forma, incumplimiento en la aplicación de la Norma NOM 046 y una disminución en la prevención y tratamiento de cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas que afectan a las mujeres.
Así mismo, se incrementó la violencia política contra las mujeres, ejercida por los partidos políticos quienes se niegan a aplicar la paridad sustantiva.
