El activista responsabiliza a las autoridades de Profepa y Semarnat en Yucatán de la situación que hoy vive, debido a presuntos actos de corrupción que permitieron el desarrollo immobiliario ubicado en la costa se realice a pesar de sus riesgos y la falta de permisos.
Mérida, Yucatán a 12 de Abril de 2026 (InformaTe Yucatán).- El caso del defensor ambiental Sergio Oceransky encendió alertas entre organizaciones nacionales e internacionales, que denuncian el uso del aparato judicial para silenciar su labor y favorecer intereses privados, particularmente del sector inmobiliario.
Durante una rueda de prensa desde Jalisco, colectivos y organismos de derechos humanos acusaron que el proceso penal contra el director de Fundación Yansa Sergio Oceransky Losana, está plagado de irregularidades, incluyendo una detención arbitraria, una investigación presuntamente fabricada y violaciones al debido proceso.
El punto más grave, señalaron, es la imposición de una especie de “Ley Mordaza” por parte del juzgado: el juez de control Chrisropher Daniel Márquez González le prohibió a Oceransky mencionar públicamente a la empresa que lo denunció, pese a que dicha restricción no fue solicitada por la Fiscalía.
“El juez me puso una mordaza para proteger la imagen de la empresa que me denunció falsamente”, denunció el propio activista, quien ha acompañado durante años la defensa del territorio de comunidades indígenas, particularmente frente a megaproyectos energéticos e inmobiliarios.
El caso es llevado por el Juzgado Décimo Primero de Control con sede en Tonalá, Jalisco, instancia que también emitió una orden de aprehensión basada en notificaciones realizadas, según la defensa, en un domicilio inexistente en Zapopan.
Oceransky relató que, pese a contar con una suspensión judicial que impedía su detención, fue arrestado el pasado 6 de abril dentro del propio juzgado por agentes ministeriales, quienes ignoraron la orden de un juez federal. Horas después fue liberado tras una audiencia.
Organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) advirtieron que este caso refleja un patrón de criminalización contra personas defensoras del territorio en México, donde Jalisco encabeza las cifras de asesinatos de activistas ambientales.
Además, denunciaron una presunta colusión entre autoridades, intereses empresariales e incluso estructuras del crimen organizado, lo que convierte al caso en un ejemplo de “litigios estratégicos para silenciar la participación pública”.
También señalaron omisiones graves por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que no actuaron oportunamente ante la detención.
El trasfondo, acusan, es la defensa de territorios frente a megaproyectos que afectan a comunidades mayas y otras poblaciones indígenas, lo que ha generado presiones económicas y políticas contra el activista.
Las organizaciones exigieron el cese de la criminalización, el respeto al Acuerdo de Escazú y garantías de seguridad para Oceransky y otros defensores ambientales.
El caso continúa en proceso, mientras crece la preocupación por el uso del sistema judicial como herramienta para silenciar voces críticas.
