Mérida, Yucatán, 1 de marzo de 2020.La Fiscalía General del Estado confirmó que el hombre detenido por elementos de la SSP en días pasados, murió por asfixia.
En conferencia de prensa, el fiscal General del Estado, Wilbert Cetina Arjona detalló que de acuerdo con los datos de prueba entre ellos el dictamen pericial de necropsia determina que el deceso de Gaspar Avelino Sulub Cimé ocurrió a causa de una asfixia mecánica por oclusión de vías aéreas, comúnmente conocida como broncoaspiración.
En torno a la investigación se suma la entrevista a testigos aportados por la denunciante Dafne Nazareth Sulub Ramírez, así como la realizada a los elementos de la policía que intervinieron en los hechos.
En ese sentido, sostuvo que continuarán los trabajos relacionados con la indagatoria y se proseguirá con el llamado a declarar a las personas que así se requiera, además de desahogar las pruebas que ofrezca la familia del fallecido.
Cetina Arjona informó que la dependencia continuará brindando todas las facilidades a la familia del occiso para la entrega del cuerpo que hasta el momento no ha sido reclamado toda vez que solicitaron la realización de una necropsia con un médico particular, tema para el cual también se ha dado la atención necesaria.
“La Fiscalía General del Estado ha realizado la investigación con total seriedad y profesionalismo, pero también con respeto al debido proceso. La indagatoria sigue abierta y se continuará con transparencia e imparcialidad”, finalizó.
Cómo se sabe, la Secretaria de Seguridad Pública dio a conocer que Gaspar Avelino, de Progreso murió en una patrulla de la corporación cuando era trasladado a la cárcel pública, sin embargo, la familia alega que fue asesinado por por los policías a los que “se les pasó la mano”, por lo que han realizado protestas para exigir justicia.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. De Yucatán (Codhey), abrió una investigación de oficio por la muerte de dicha persona.
La SSP y la Fiscalía encabezan según la misma comisión, el top ten de dependencias y ayuntamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.
