Después de tres años de investigación, se confirmaron bacterias coliformes en pozos, cenotes y sistemas de agua potable, lo que representa riesgo sanitario.
Foto: Cortesía de Sumario Yucatán
Mérida, Yucatán, 3 de septiembre de 2025.– Habitantes de Maxcanú, Kinchil y Santa María Chí presentaron una denuncia popular contra las granjas porcícolas que operan en sus territorios.
Las comunidades exigen reparación del daño ambiental y la investigación de la posible responsabilidad penal de las empresas. Argumentan que el agua, el aire y los sistemas productivos resultaron contaminados.
Después de tres años de investigación, se confirmaron bacterias coliformes en pozos, cenotes y sistemas de agua potable, lo que representa riesgo sanitario.
Los daños reportados incluyen problemas de salud, caída en el precio de productos como la miel y deterioro ambiental en zonas cercanas a reservas ecológicas.
La denuncia se presentó ante la SEMARNAT, la PROFEPA y la CONAGUA. Los colectivos entregaron pruebas técnicas y monitoreos ciudadanos sobre la contaminación.
Entre las evidencias figuran análisis de la UNAM, que confirman niveles de coliformes fecales y Escherichia coli superiores a los límites permitidos para consumo humano.
Investigaciones de la Universidad Johns Hopkins identificaron marcadores moleculares que vinculan la contaminación directamente con materia fecal porcina.
Las comunidades solicitaron que las autoridades impulsen una acción colectiva para obligar a las empresas a reparar los daños. También pidieron dar vista a la Fiscalía General de la República.
El Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, publicado en 2023 por la SEMARNAT, ya había reconocido la operación ilegal de granjas y sus impactos sociales y ambientales.
Los colectivos señalaron que, a más de dos años de ese dictamen, no existen medidas concretas para atender la problemática. Advirtieron que la omisión agrava la crisis ambiental.
La denuncia también exige a la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, cumplir con compromisos asumidos en marzo de 2025 durante su encuentro con comunidades afectadas.
Los pueblos de Yucatán insistieron en que la vida comunitaria, la naturaleza y el futuro del estado están en riesgo, por lo que pidieron una actuación firme del Estado mexicano.
