La ley de Violencia contra las mujeres “debe de tener dientes”, señaló la activista Adelaida Salas.
Foto: Cortesía KC
Mérida, Yucatán a 25 de noviembre de 2020 (InformaTe Yucatán).- Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron al Congreso del Estado una propuesta de iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y el Código Penal del Estado y tipificar la violencia institucional y sancionarla con cárcel e inhabilitación del cargo.
La activista Adelaida Salas Salazar, responsable del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó que la iniciativa entregada a la Comisión de Equidad y Género de la LXII Legislatura es perfectible y necesaria, ya que a diario las niñas y mujeres de Yucatán viven este tipo de violencia en Fiscalía, Centro de Justicia para las Mujeres, Hospital O’Horán.
En el marco del Día Internacional de la lucha contra la Violencia contra las Mujeres, las organizaciones feministas: Ciencia Social Alternativa AC/ Kookay, el Observatorio Nacional de Violencia AC, Uady sin Acoso, Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí-Valldolid AC y Todas somos Fernanda, además de académicas y profesionistas presentaron la propuesta al Poder Legislativo, plantea una pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días-multa, así como la inhabilitación por dos a seis años para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, a quien tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Además, contempla una sanción de uno a tres años de prisión y de 100 a 200 días-multa y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo, a quién discrimine públicamente la imagen de la mujer, asociándola a roles estigmatizados que impidan su empoderamiento o su acceso a la equidad de género o a una vida libre de violencia.
Salas Salazar reiteró que el objetivo de esta iniciativa es que la ley “tenga dientes” y aplique sanciones para quienes incumplen sus funciones, omiten y evaden las condiciones que establecen los derechos humanos para las niñas y mujeres víctimas de violencia.
El artículo 18 señala que la violencia institucional “Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas”, dijo la entrevistada.
El Estado -fiscales- violentan el derecho a la dignidad y a la honra, de las víctimas, al fomentar una actitud de desprecio, por parte de la autoridad hacia las víctimas, mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como, al realizar declaraciones públicas ofensivas”, sobre hechos o investigaciones en proceso, manifestó.
“El Estado al manifestar de manera pública una actitud de desprecio y desprestigio hacia las víctimas, afecta directamente su dignidad y honra; además, no cumple con su obligación de modificar los patrones culturales que fomentan la discriminación contra las mujeres, ni de capacitar a las autoridades encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas” dijo la entrevistada.
Se trata de erradicar estas prácticas de parte de los funcionarios, tanto profesionales del Derecho, como funcionarios públicos, que deben de sostener la protección de la víctima, su justa y equitativa atención sobre los hechos y una impartición de justicia con visión de equidad de género, que corresponde a los casos que imputan actos violentos contra niñas y mujeres, declaró.
