El 7 de julio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si el Congreso de Yucatán violó derechos humanos al rechazar una iniciativa sobre matrimonio igualitario por medio de votación secreta, impidiendo a la población saber en qué sentido votó cada diputado y diputada.
Mérida, Yucatán a 28 de junio de 2021.- El Congreso del Estado de Yucatán será sujeto de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 7 de julio, debido a uno de los amparos que diversas organizaciones presentaron en contra de la votación secreta del pasado 19 de julio de 2019, tras el rechazo del dictamen que pretendía reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.
Como se recordará, en el año 2019 se vivió en dos ocasiones el rechazo del matrimonio igualitario por parte del Congreso Yucateco. En dichas ocasiones, los y las legisladoras decidieron que el voto se emitiera a través de cédulas de votación, lo cual implicaba la secrecía y anonimato de las votaciones, dejando a la vista únicamente el resultado final. Es decir, el Congreso local votó sin transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer la forma en la que la están representando en los curules del recinto legislativo.
De esta manera, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., Unasse A. C. y Article 19 para México y Centroamérica, presentaron dos amparos en contra de dicha votación secreta, por violar el derecho a la información, transparencia activa y participación política.
Uno de los amparos que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 18 de noviembre de 2020, se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien agendó el asunto para ser resuelto el próximo 7 de julio. Para las organizaciones, este amparo es una oportunidad histórica para determinar que el proceso legislativo debe ser transparente, garantizando el acceso a la información pública de la sociedad sobre la manera como votan sus representantes populares. Dicha obligación se refuerza cuando el Legislativo discute y vota normas que incidirán en el ejercicio de derechos humanos.
