El Gobierno de Yucatán aseguró que la indemnización por las tierras de Sierra Papacal fue cubierta desde 1993, con al menos 128 ejidatarios registrados como beneficiarios.
Foto: Jaltún
Mérida, Yucatán, 1 de abril de 2026.— Ante la manifestación de ejidatarios en la comisaría de Sierra Papacal, el Gobierno del Estado informó que la indemnización por las tierras expropiadas para infraestructura de agua potable fue cubierta desde 1993, con registros de al menos 128 beneficiarios.
De acuerdo con la autoridad estatal, la expropiación de más de 223 hectáreas se realizó por causa de utilidad pública entre 1990 y 1992, con el objetivo de fortalecer el sistema de abastecimiento de agua en la región, particularmente en los puertos de Chuburná y Chelem.
El pago, determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, ascendió a más de 357 millones de pesos y fue entregado a los ejidatarios a través del Fifonafe, según consta en documentación oficial.
Foto: Gobierno de Yucatán
El gobierno aseguró que las protestas “carecen de sustento jurídico”, al existir evidencia de que la indemnización fue cubierta, y destacó que se han realizado al menos 13 reuniones de diálogo con representantes del ejido para atender inquietudes.
Asimismo, reiteró que no se permitirá afectar servicios esenciales como el suministro de agua potable, subrayando su compromiso con la legalidad, la estabilidad social y el bienestar de la población.
RECUENTO OFICIAL DE PAGOS POR TIERRAS EJIDALES
De acuerdo con los antecedentes oficiales, en 1990 el Gobierno del Estado solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 231-00-00 hectáreas de tierras ejidales del poblado Sierra Papacal, municipio de Mérida, con el propósito de destinarlas a infraestructura estratégica de abastecimiento de agua potable.
Posteriormente, en 1992, mediante resolución presidencial, se expropiaron por causa de utilidad pública 223-69-16 hectáreas de terrenos ejidales de Sierra Papacal para destinarlos a la zona de captación del sistema de agua potable en los puertos de Chuburná y Chelem, infraestructura fundamental para el suministro del servicio en la región.
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización correspondiente mediante avalúo basado en el valor comercial del terreno, estableciendo un valor unitario de $1,600,000.00 por hectárea, lo que dio como resultado un monto total de $357,906,506.00 por las 223-69-16 hectáreas expropiadas.
De conformidad con la documentación oficial del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria (Fifonafe), esta indemnización fue cubierta en 1993 a favor de los ejidatarios correspondientes, existiendo registros de al menos 128 de ellos que recibieron dicho pago y que continúan vigentes en el padrón ejidal.
