Especialistas, autoridades y representantes mayas participaron en conversatorios para explicar la propuesta y promover que las comunidades participen en la consulta nacional.
Mérida, Yucatán a 8 de agosto de 2026 (Redacción).- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Yucatán se sumó al debate nacional sobre la propuesta de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos con una serie de conversatorios organizados por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).
Los encuentros reunieron a especialistas, académicos, legisladores, representantes de organizaciones civiles y expertos en derechos indígenas para explicar el contenido de la iniciativa y promover una participación informada de las comunidades mayas en el proceso de consulta nacional.
Entre los participantes destacó el jurista internacional James Anaya, quien señaló que Yucatán ocupa un lugar clave en esta discusión por la presencia y fortaleza de la cultura y la lengua maya.
La consulta, convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), contempla la realización de 82 asambleas regionales durante agosto y septiembre. Las propuestas que surjan de esos encuentros serán integradas al proyecto de ley antes de enviarlo al Congreso de la Unión.
La titular de Sedeculta, Patricia Martín Briceño, afirmó que estos espacios buscan acercar la información a la población y abrir el diálogo sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios y los cambios legislativos que se analizan a nivel nacional.
Por su parte, el director del Indemaya, José Feliciano Moo y Can, señaló que esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y destacó la importancia de que Yucatán aporte su experiencia y realidad cultural al proceso.
Durante las mesas de análisis también participaron legisladores, investigadores y especialistas, quienes coincidieron en que el reconocimiento de los derechos indígenas debe traducirse en mecanismos efectivos para garantizar la participación comunitaria, el acceso a la justicia, la protección del patrimonio cultural y una consulta previa, libre e informada.
Las instituciones organizadoras señalaron que el objetivo es que la información llegue directamente a las comunidades mayas para que puedan participar con pleno conocimiento en una de las consultas nacionales más relevantes sobre derechos indígenas de los últimos años.
