Los inconformes aseguran que 117 ejidatarios continúan sin recibir la compensación correspondiente y denuncian que el conflicto se arrastra desde hace más de 12 años.
Mérida, Yucatán.- Un grupo de ejidatarios de San Antonio, perteneciente a la comisaría de Yaxché de Peón, en el municipio de Ucú, se manifestó frente al Palacio de Gobierno para exigir el pago de aproximadamente 140 millones de pesos que, aseguran, les corresponden por el derecho de vía de terrenos utilizados en la construcción del ramal ferroviario que conectará Umán con Progreso como parte del proyecto del Tren Maya.
Los inconformes señalaron que el conflicto lleva más de una década y acusaron a excomisarios ejidales y particulares de haber realizado operaciones irregulares con tierras del ejido. Según denunciaron, 117 ejidatarios continúan a la espera de una compensación económica que ascendería a $1.2 millones de pesos para cada uno.
Durante la protesta, Honorio Martín Crespo afirmó que durante los últimos 12 años han pasado diversas autoridades ejidales que, presuntamente, participaron en la venta de terrenos que actualmente son motivo de disputa.
Los manifestantes sostienen que, de acuerdo con registros agrarios, las tierras continúan perteneciendo al ejido, por lo que consideran que tienen derecho a recibir el pago correspondiente por la utilización de los predios en la obra ferroviaria.
Por su parte, el comisario ejidal Federico Vega aseguró que cuando inició la construcción del ramal ferroviario se realizaron pagos a otros núcleos agrarios de la zona, pero no a los ejidatarios de San Antonio.
Los inconformes también expresaron su descontento con funcionarios estatales con quienes, aseguran, han sostenido diversas reuniones sin que hasta ahora exista una solución definitiva al conflicto.
De acuerdo con los propios manifestantes, existe una fecha programada para realizar un pago el próximo 11 de junio, por lo que esperan que las autoridades y las partes involucradas atiendan sus demandas y den certeza jurídica a los afectados.
La protesta se desarrolló de manera pacífica en el Centro Histórico de Mérida, donde los ejidatarios reiteraron su exigencia de justicia y una resolución al conflicto agrario que, aseguran, se ha prolongado por más de una década.
