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  • Jueves , 9 mayo 2024

Gobierno de AMLO atrae el caso de José Eduardo

El viernes, un Juez de control determinó no vincular a proceso a los cuatro policías municipales acusados de participar en el homicidio, tortura y violación en contra del joven y declaró, que en vida, el veracruzano señaló a otra corporación policiaca como sus agresores.


Mérida, Yucatán a 16 de agosto de 2021 (InformaTe Yucatán).- El Gobierno Federal denunciará ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el abuso policiaco del que fue objeto José Eduardo Ravelo Echavarría y que le provocó la muerte el pasado 3 de agosto en la capital yucateca.

El caso del joven veracruzano que ha acaparado las noticias a nivel nacional, incluso en el plano internacional, llegó este lunes a la conferencia Mañanera que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo Federal dijo estar enterado que la señora Dora María Ravelo Echeverría, madre del joven asesinado, ha pedido su intervención, incluso que viajaría a la capital del país para reunirse con él, lo que no será necesario porque dará las instrucciones para que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,  darle seguimiento al caso, además que interpondrán una denuncia ante la CNDH para que este caso no solo se investigue en el ámbito local, sino sea atraído en lo nacional.

“Vamos a atender el caso, que se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso si se demuestra que hubieron estas violaciones graves que llegaron hasta el homicidio, el asesinato de este joven”, señaló

Dora María, pidió la intervención de López Obrador desde que llevó el ataúd de su hijo a las puertas del Palacio de Gobierno, donde también pidió que el gobernador Mauricio Vila Dosal salga a darle aunque sea el pésame.

El viernes, los cuatro agentes municipales J.E.H.H, E.M.R.L., A.G.G.M. y R.G.B.R, acusados de homicidio en pandilla, violación y tortura agravada, fueron puestos en libertad por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien determinó no existían pruebas contundentes para vincularlos a proceso.

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