Durante las inspecciones realizadas por Profepa, identificaron la presencia de ejemplares de algodón y biznaga cabeza de gato, así como de iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta, todas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT y no reportadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Mérida, Yucatán a 3 de agosto de 2026 (InformaTe Yucatán).- La clausura temporal del proyecto turístico Las Dunas, en Chuburná Puerto, representa un nuevo revés para uno de los desarrollos inmobiliarios que más controversia ha generado en Yucatán.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las obras luego de detectar afectaciones a especies de flora y fauna protegidas, además de incumplimientos a las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales y forestales.
Durante las inspecciones realizadas entre el 28 y el 30 de julio, la autoridad federal confirmó que el proyecto ya había desmontado 1.3 hectáreas de vegetación, equivalente al 30.8 por ciento de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo.
En el sitio también se localizaron especies protegidas que no fueron incluidas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), entre ellas la biznaga cabeza de gato, catalogada en peligro de extinción, así como algodón silvestre, iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta, todas protegidas por la NOM-059-SEMARNAT.
De acuerdo con la Profepa, las inspecciones también evidenciaron incumplimientos en las medidas ambientales autorizadas e irregularidades en el manejo de residuos derivados del desmonte, por lo que ordenó la clausura temporal total del proyecto mientras continúa el procedimiento administrativo.
La intervención de la autoridad federal ocurrió después de semanas de denuncias presentadas por habitantes de Chuburná Puerto, organizaciones ambientalistas y especialistas, quienes advirtieron sobre los riesgos para el ecosistema de dunas costeras, una barrera natural frente a huracanes y un hábitat de especies endémicas.
El caso también adquirió un componente político. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que presentó una denuncia popular ante la Profepa para solicitar la revisión del proyecto, mientras que la dirigencia estatal del partido exigió que la suspensión temporal se convierta en una clausura definitiva.
La resolución de la Profepa marca el primer acto de autoridad federal contra el desarrollo inmobiliario y abre un procedimiento que determinará si existieron omisiones en la Manifestación de Impacto Ambiental y si procede la aplicación de sanciones.
Más allá del futuro del proyecto, el caso ha reactivado el debate sobre el desarrollo inmobiliario en la costa yucateca y los límites entre la inversión turística y la conservación de ecosistemas considerados estratégicos por su valor ambiental y por la protección que brindan al litoral.
