La iniciativa fue presentada al Congreso el 25 de noviembre pasado y esperan sea aprobada el 8 de marzo en el marco del Día de la Mujer./ Apuestan por candidatos sin expedientes de violencia.
Mérida, Yucatán a 26 de febrero de 2022 (InformaTe Yucatán).- Activistas que impulsan la Ley ciudadana 3 de 3 que busca frenar que violentadores ocupen cargos públicos, hicieron un llamado a los Diputados de la LXIII Legislatura para que la aprueben antes del 8 de marzo.
Reconocieron que la iniciativa que presentaron el 25 de noviembre del 2021, ha causado revuelo por quienes dicen que no es posible, que es anticonstitucional, que violaría la presunción de inocencia y el debido proceso, lo que es erróneo, por que lo que implica es poner criterios de elegibilidad para el cargo público, señaló la doctora Sandra Peniche.
Se trata que ninguno de los agresores -de mujeres y la niñez- ingresen a un cargo público en alguno de los poderes y lo primero que hay que hacer es limitar el daño y se limita no permitiendo la entrada a gente violenta, reiteró.
María Eugenia Núñez Zapata, líder de AMISY Igualdad Sustantiva, sostuvo que estudiaron 853 sentencias en materia familiar (padres deudores de pensión alimenticia y guardia y custodia que tienen 3 años o más de antigüedad y se encontraron juicios hasta con 20 años de impunidad.
“En esta investigación, encontramos casos que se sentenciaron en el 2021 pero que iniciaron hasta 20 años atrás y si sumamos los años de dilación en tan solo 30 casos, hay 247 años de impunidad y dolor”, lamentó la activista.
La activista recalcó que “Hay lesiones que no son visibles pero que provocan un daño más visible y permanente, el viacrucis que recorren mujeres y niños durante las declaraciones, testimonios y las comparecencias; estudios que la ley establece para determinar el daño de afectación a alguna de las partes a fin de que un juez o tribunal para determinar la guardia o custodia de los menores o su pensión alimenticia”.
Pasar ese proceso es difícil dijo, pero permitir que un juicio lleve años, es criminal.
Aunado a la violencia que sufren a las mujeres y la niñez, las autoridades ejercen violencia institucional.
“La sociedad necesita cambiar, necesita evolucionar y mientras tengamos funcionarios que están ejerciendo violencia contra las víctimas, no se puede avanzar”.
