Violando la orden de un juez, la Secretaría de Seguridad Pública dejó sin custodia al comunicador Jaime V.
Mérida, Yucatán, 30 de abril de 2023.- Acostumbrado a la violación de las leyes y a la propia Constitución Política del Estado de Yucatán, tal como lo acaba de demostrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Mauricio Vila Dosal, de manera unilateral, sin justificación alguna y en desacato a una orden judicial del Juzgado Primero de Control, por medio de la SSP, retiró la custodia al reportero Jaime Vargas Chablé, asignada tras el atentado a su vida el 18 de enero del 2022, a manos de un sujeto que han hecho pasar como discapacitado para intentar evadir a toda costa el juicio.
El fallo de la Juez planteó que la vigilancia y protección al reportero se debía otorgar hasta que concluya el juicio o que esa autoridad determine lo contrario, situación que fue vulnerada desde un principio.
De acuerdo a la resolución de la Juez Maestra en Derecho, Suemy del Rosario Lizama Sánchez, de fecha 27 de mayo del 2022, ratificado durante la audiencia de control de detención, formulación de imputación y medidas cautelares del 30 del mismo mes y año, acordó instruir a la SSP “otorgar vigilancia en el domicilio de la víctima, protección judicial, auxilio inmediato de agentes en el domicilio o donde se encuentre”.
Tras la resolución, la Juez determinó girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para la vigilancia ininterrumpida y salvaguardar a la víctima, situación que se concretó mediante documento fechado el 27 de mayo del 2022, enviado al titular de la corporación, Comisario General Luis Felipe Saidén Ojeda, comandante secretario de Seguridad Pública del Estado.
En el documento enviado, se le ordena a Saidén Ojeda designe elementos a su cargo a fin de que brinden vigilancia y protección en el domicilio de la víctima Jaime Vargas Chablé o en donde él se localice o se encuentre al momento de solicitarlo, por lo que a partir de esas fecha (27 de mayo), la Juez fijó medidas de protección urgentes.
La vigilancia, protección y auxilio inmediato de la víctima, tendría inicio a partir de la recepción del presente documento (27 de mayo) y “tendrá duración ininterrumpida hasta que esta autoridad determine lo contrario”.
La titular del Juzgado Primero también le pidió al Secretario de Seguridad Pública, el acuse correspondiente de la instrucción planteada, así como informe respecto al modo que se le está dando cumplimiento, lo cual al parecer no lo hizo la corporación.
Notifican el fin de la custodia
Fue la noche de este viernes, minutos después de las 19 horas, cuando se apersonó al domicilio del periodista, en el sur de la ciudad, el comandante de grupo Saury Martín Polanco, informando que por instrucciones de sus superiores, el servicio de custodia había llegado a su fin, comentando el reportero que la petición de vigilancia y protección había sido determinado mediante una resolución judicial.
Insistiendo Martín Polanco que la orden que recibió de sus jefes, fue que retirara a los elementos que estaban asignados a la vigilancia, siendo en ese momento el agente José Luis “N”, porque el día anterior, el señor Carlos “N” había sido trasladado a otro punto de trabajo.
Minutos después regresó al domicilio Martín Polanco, preguntando si el reportero tenía el oficio que la Juez había enviado a la Secretaría, debido a que el área Jurídica, no tenía registrado nada sobre el tema, lo cual llamó la atención porque esa decisión fue tomada hace casi un año, tiempo en el que han venido asignando elementos en custodia.
El reportero le informó que esos oficios solo el Juzgado los había generado y que él sólo tenía copia de una parte del expediente, donde la jueza determina que la SSP otorgue la vigilancia y protección en el domicilio o en donde se encuentre Vargas Chablé, lo cual debió haber sido enviados a la corporación.
Sin embargo, cabe señalar que desde el inicio del caso, el 18-19 de marzo del 2022, el abogado en Derecho, Maestro René Augusto Ramírez Benítez, asesor de la víctima, solicitó a la Fiscalía General del Estado la implementación de la activación del Mecanismo de Protección a Periodista en el Estado, debido al desempeño que ha tenido el agredido y por la naturaleza del caso en la que el agresor sólo tenía en mente lastimar a Vargas Chablé, tal como confesó más adelante en los estudios técnicos neurosiquiátricos que le fueron practicados por petición de su abogado defensor, abogado Javier Castellanos Ruz, en la que por cierto se le determinaron tres tipos de trastornos, aunque ninguno agudo.
Debido a lo anterior, desde la alta en el Hospital General Regional “Benito Juárez”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a finales de enero, la policía comisionó a un elemento para vigilar y “proteger” al periodista, aunque desde ese primer día, el agente asignado brilló por su ausencia cuando el reportero salió del nosocomio, reportándose de manera desesperada cerca de las 3 de la madrugada para preguntar a los familiares si la víctima seguía en el hospital, estaba en su casa o había sido secuestrado.
Agresión al periodista
Cabe señalar que a pesar de la orden de la Jueza, la corporación ha cumplido a medias en las medidas de vigilancia y casi nulas en las de protección, debido a que una vez recuperado de las lesiones sufridas por el atacante W.J.N.H. y de las operaciones quirúrgicas practicadas a su cuerpo por una enfermedad maligna, el reportero se incorporó de manera paulatina y esporádica al quehacer periodístico.
Sin embargo, al ser comisionados elementos de la SSP adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI) bajo el mando del comandante Carlos Eduardo Flores Moo, le fue asignada a los custodios una patrulla que prácticamente estaba inservible, nada de los implementos y aditamentos de la unidad le servían, vehículo que de manera constante fallaba, dejando tirado a los custodios en varias ocasiones.
Ni siquiera les fue asignado un radio portátil, mucho menos arma de fuego, macana, bastones, casco, careta o resortera (tirahule), sólo su chaleco y un teléfono móvil (celular) donde debían informar cada movimiento que hiciera el custodiado, lo cual violenta el principio de la secrecía de la información y transgrede el derecho a la privacidad.
La patrulla estaba casi desmantelada que ni las propias luces de la unidad estaban en condiciones, alumbrando más una luciérnaga (cucayo) que las propias de la patrulla, lo cual quedó de manifiesto cuando en una ocasión el reportero se desplazó al municipio de Ticul por la tarde-noche, el policía que viajaba a bordo de nombre José “N”, por poco se mata en su regreso a Mérida, debido a que se abrió demasiado en la carretera y en otra se cerró bastante al salir de una curva, debido a la escasa luminosidad en la vía, afortunadamente logró controlar el vehículo al frenar de golpe, evitando una tragedia.
A pesar del reporte del incidente, la corporación siguió dando esa unidad con el número 6031, y se negó a reparar o cambiar las luces y otros desperfectos de la patrulla, sugiriendo al reportero que podía ir a bordo del vehículo, lo que en un principio fue rechazado, debido a su condición de salud.
