La Diputada progreseña reveló que recibió de manera ‘anónima’ documentos que describen presuntas irregularidades patrimoniales, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias vinculados con el ex munícipe y familiares directos.
No permitiremos que este caso se archive ni que se encubra. Informaremos a la sociedad de cada avance”, afirmó la Legisladora morenista María Esther Magadán.
Mérida, Yucatán a 1 de octubre de 2025.- La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado, María Esther Magadán Alonzo, solicitó a la Auditoría Superior del Estado investigar al exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, por presunto uso indebido de recursos públicos.
La legisladora recibió el pasado 17 de septiembre una denuncia ciudadana anónima acompañada de documentos. Estos describen posibles irregularidades patrimoniales, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias vinculados con Zacarías Curi y familiares cercanos.
La denuncia señala adquisiciones de predios realizadas entre 2018 y 2024 por los hijos del exmunícipe. Los compradores reportaron precios menores al valor real de mercado. En esas zonas, otras propiedades alcanzaron costos más altos, lo que generó sospechas sobre los montos declarados.
Uno de los predios adquiridos en 2024 pasó a usufructo vitalicio de Zacarías Curi. El exalcalde lo arrendó a una empresa privada por 232 mil pesos mensuales durante diez años. Ese contrato representó ingresos millonarios y derivó en investigaciones. Autoridades federales catearon y clausuraron el inmueble por vínculos con actividades de robo y venta ilegal de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.
La denuncia también documenta un posible conflicto de interés. Durante una sesión de cabildo, Zacarías Curi aprobó una anuencia definitiva de funcionamiento para un restaurante en el malecón de Progreso.
Ese establecimiento pertenece a familiares directos. El trámite lo presentó un representante legal relacionado con el hijo del exalcalde.
Magadán Alonzo afirmó que la ciudadanía exige resultados claros. Señaló que los funcionarios públicos deben actuar con legalidad y transparencia en el manejo de recursos.
La diputada anunció que entregará la documentación a la Auditoría Superior del Estado, al INSEJUPY, a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Anticorrupción.
Cada institución analizará la información para determinar responsabilidades.
“Este Congreso dará seguimiento puntual. No permitiremos que este caso se archive ni que se encubra. Informaremos a la sociedad de cada avance”, afirmó la legisladora.
