Por segunda ocasión consecutiva, la empresa que instaló una megagranja porcícola PAPO en Homún impidió al actuario del Juzgado cuarto de distrito realizar una inspección judicial como parte del juicio de amparo interpuesto por representantes de niñas y niños de Homún ante la amenaza a su derecho a un medioambiente sano y como parte del pueblo maya.
Foto: Yazumy Keb
Tanto la extracción de agua como su descarga representan un riesgo de contaminación del agua, además de que distintas autoridades otorgaron permisos de manera irregular y sin garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada a la que tiene derecho un pueblo originario ante cualquier proyecto que se pretenda realizar en su territorio.
El día de ayer la empresa impidió también la inspección solicitada en el incidente de incumplimiento de la medida cautelar decretada desde octubre y que consistía en paralizar por completo las operaciones de la granja.
La empresa no ha cumplido la medida cautelar decretada y ha obstaculizado e impedido la inspección que determinaría que se encuentran incumpliendo la medida.
Unas semanas antes la empresa había ofrecido una inspección judicial como parte del juicio de amparo, pero se desistió de ella.
La diligencia de ayer se decretó desde el día 7 de noviembre, cuando Indignación, junto con representantes de las y los niños, interpusimos el incidente de incumplimiento de sentencia. Desde entonces se programó para el día 26 de noviembre, es decir ayer, pero representantes de la empresa negaron la entrada a personal del juzgado aduciendo que no sabían de la diligencia, a pesar de que estuvieron presentes pues incluso presentaron alegatos.
El día de hoy la inspección inició a la hora acordada 10:15 de le mañana, con inspección ocular de documentos. A la granja se llegó a las 11:15, después de la inspección de documentos que formaba parte de la diligencia, pero representantes de la empresa impidieron nuevamente el paso aduciendo que no era la hora acordada y se expresaron con prepotencia hacia el personal del juzgado.
A principios de octubre el juzgado cuarto de distrito decretó la medida provisional y, el 9 de octubre, otorgó la suspensión definitiva en tanto se resuelve el amparo para proteger derechos de la infancia. El 23 de octubre la Juez Cuarta de distrito otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para cumplir la suspensión y explicó que consistía en la paralización completa de actividades de la megagranja porcícola y las sanciones de las que pueden hacerse acreedoras las autoridades que tienen la obligación de garantizar dicha suspensión.
El plazo improrrogable se cumplió el pasado 6 de noviembre. Empresa y autoridades se encuentran en desacato ante la orden del juzgado cuarto de distrito.
Hace unos días informamos que, además de Seduma, del Alcalde de Homún y del Gobierno del Estado, la Juez cuarta de distrito admitió que se sumen nuevas autoridades: el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Yucatán y CONAGUA. Por los actos de dichas autoridades también otorgó la suspensión definitiva.
